Cuando la Educación se convierte en servicio … lo Privado se hace pasar por público.

En la Reunión de la Sociedad de Biología (noviembre 2010, Santa Cruz) me tocó escuchar a JJ Ugarte, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Este funcionario público, que me pareció sacado de una película de terror sicológico, realizó una presentación acerca del estado y visión del actual gobierno sobre la educación superior. En su alocución, las palabras que más usó fueron: competitividad, estadísticas y servicios. Para él, la educación no es más que un servicio que se entrega o no, como cuando uno compra el pan o paga la cuenta del internet. Incluso él parece orgulloso de su definición, ya que ante el reproche público de quien escribe esta columna, Ugarte no tardó más de 5 segundos en responder (aunque lo mío fue un comentario y no una pregunta) con su dicción envidiable y su sonrisa a prueba de todo: “¿qué tiene de malo que sea un servicio?” “¿qué te molesta?”.

Personajes como Ugarte, entienden la educación como un servicio, o sea como un privilegio destinado a aquellos que pueden pagarlo (tanto en dinero como en acervo socio-cultural), en ningún caso un derecho. Para él, un estudiante universitario es aquel que lucha para salir de la “pobreza”, para renegar de su origen y para ganar la mayor cantidad de plata posible al arribar al mundo laboral. Nos llena con sus estadísticas, que glorifican el nombre del país, pero en ningún caso intenta explicar porque si la cantidad de profesionales en Chile aumenta año a año, el desempleo siempre bordea el 10%, o porque si sus gráficos muestran que un profesional gana mucho más que alguien con solo cuarto medio, porqué Chile aun es más desigual que Zambia o Bolivia a pesar de la alta cobertura de la educación superior (sustentada en las universidades privadas).

Para nuestros políticos (Concerta y Alianza) la educación es simplemente un servicio que consiste en entregar información aceptada, contrastable y cuantificable, con el único objetivo que quien recibe este servicio pueda ser más competitivo al momento de entrar al mundo laboral o académico. Con esta definición se permite “educar” ignorando una serie de cosas, importantísimas en la educación de cualquier persona en cualquier nivel, como el crecimiento integral, el espíritu crítico, la reflexión, el trabajo mancomunado, el amor por la ciencia, la educación no-formal, el conocimiento no cuantificable, etc. Además las leyes que rigen la educación chilena están hechas con esta definición: ley de acreditación, mayor porcentaje de créditos que de becas, programas basados en competencias y no en objetivos, etc.

Entonces al entender la educación como servicio, se posibilita la existencia de establecimientos educativos, que atendiendo a esta definición, se autodefinen como entidades de excelencia que hacen un aporte significativo al país. Específicamente me refiero a las universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica[1]. Todos estos que entienden la educación como servicio se permiten abrir cualquier carrera, en cualquier ciudad, a cualquier costo de matrícula, total ellos simplemente entregan información verificable y contrastable con el objetivo de hacer personas más competitivas, tal como dicta el Ministerio, y en definitiva como dicta el modelo económico chilensis. Contratan profesores jóvenes (para no tener que pagarles mucho), que deben boletear (para no pagarles beneficios legales), con no muchas horas (para no ponerles oficina), en algunos casos los instan a aprobar muchos estudiantes (“el cliente siempre tiene la razón”). En definitiva imposibilitan que exista un vínculo entre el estudiante y el profesor que permita un intercambio de conocimientos, de experiencias, de visiones, como uno esperaría en un proceso formativo, simplemente se entiende una carrera o un ramo como un “iluminado” (profesor) que entrega conocimientos de manera lineal y unidireccional a los “sin luz” (alumnos). Por el lado de los funcionarios pasa algo similar, como entienden la educación como servicio, no les importa que haya un intercambio de visiones, y el funcionario no participa de modo alguno en el proceso educativo, por lo tanto en las instituciones privadas se externalizan los servicios: se concesiona a empresas externas el aseo, la seguridad, los casinos y cafetas, coartando la posibilidad de sindicalización o el vínculo estudiante-funcionario y de paso abaratan costos. Las carreras que abren obedecen a un criterio económico más que social, abundan carreras que requieren poca inversión económica (como pedagogías, derecho, psicología, carreras del área social, y algunas ingenierías), no importa el contexto del lugar físico donde se dictan o el campo laboral existente o el aporte que pueda significar ese nuevo profesional para el país. Incluso algunas de estas universidades privadas hacen investigación científica y tecnológica, pero siempre asociada a empresas privadas, a millonarios contratos o a posibles patentes que seguirán llenando los bolsillos de los accionistas o empresas asociadas. Para colmo estos accionistas, dueños de las instituciones privadas de educación superior (y generalmente de otros negocios), suelen tener contactos con parlamentarios, ministros o ex-ministros, o simplemente ser uno de ellos, y verse beneficiados directamente con cualquier ley en materia de educación, que siga permitiendo y fomentando el que la educación se entienda como servicio[2].

Estas instituciones privadas, que han crecido muchísimo en los últimos años, superando en conjunto las matrículas en instituciones de Consejo de Rectores (las llamadas tradicionales o con vocación pública), están hoy en todas las propagandas, afiches, estaciones de metro, paraderos, publicidad en la TV, redes sociales, etc, con frases profundas y sentidas, apelando al sentido social con el objetivo de captar matrículas, ocultándonos su real definición de educación como servicio. Incluso muchas tienen un alto porcentaje de estudiantes que vienen estratos socioeconómicos bajos, pero que no por ello dejan de ser lo que son: instituciones carentes de identidad que solo buscan lucrar. De hecho, en estos casos es más patente su naturaleza económica, ya que atraen a los estudiantes de estos niveles de ingreso bajo, con la promesa del ascenso social, o sea con eso de que al estudiar serán más competitivos, tendrán mejores empleos y ganarán más plata, lo finalmente rara vez sucede.

Bajo este mismo criterio, de tener mucho matriculados, y en algunos casos estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, pretenden ser consideradas universidades con vocación pública, y por ello algunas exigen recibir aportes económicos estatales. La PUC, paladín de la defensa de las universidades privadas no tradicionales, ha insistido en que el Estado entregue recursos a todas las universidades acreditadas, sin importar si son estatales, privadas o tradicionales. Lo que no dice la PUC (ni el ex-rector Rosso y ni el JJ Ugarte) es que quieren que el Estado les reparta plata a todos sin importar que unas Universidades eduquen de verdad y otras solo entreguen un servicio.

Los recursos que entrega el Estado a las universidades conocidas como tradicionales ya es poco, en especial si consideramos a las Universidades Estatales (que son propiedad del Estado) que reciben en promedio apenas el 10% de su presupuesto anual de parte de este, explicando las malas condiciones en que muchas se encuentran (en especial algunas de regiones). El que una universidad esté acreditada no significa prácticamente nada, ya que cualquier persona sensata esperaría que una universidad no acreditada simplemente no pudiera funcionar (sin considerar que el proceso de acreditación institucional es voluntario, y solo dos ítemes dentro de ella son obligatorios[3]). Finalmente, quisiera decir que lo importante no es la cantidad de estudiantes matriculados, la naturaleza jurídica[4], la estabilidad económica, la cantidad de carreras o los resultados en rankings, lo importante es que no se entienda la educación como servicio, sino como un derecho a recibir una formación integral que permitirá al estudiante crecer como persona y ser un aporte para el país, y no solo ser más competitivo para ganar más plata. Las universidades y en general las instituciones de educación superior privada entienden la educación como servicio y por ello jamás deben ser consideradas públicas ni menos recibir aporte estatal, e incluso muchas de ellas ni siquiera debieran existir.

[1] Actualmente en Chile funcionan 32 universidades privadas no tradicionales; 41 institutos profesionales y 68 centros de formación técnica. INDICES 2011. Consejo Superior de Educación. 2010
[2] El Desalojo de la Universidad Pública. Marcos Kremerman. OPECH. 2007
[3] Ley 20.129. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
[4] Me refiero específicamente a la defensa y solicitud de recursos por parte de las Universidades Estatales a través del CUE (http://www.universidadesestatales.cl/cue), que a mi juicio es totalmente legítima, pero que a veces parece una solicitud que se basa solo en el hecho de que son estatales (naturaleza jurídica) y dejan de lado argumentos mucho más sólidos como los discutidos en este artículo. En este mismo sentido se pueden analizar algunas de las universidades privadas tradicionales, que si entienden la educación como derecho y no como servicio.

Felipe Villanelo Lizana
Bioquímico
Doctorado en Ciencias M/Microbiología



Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s