Columna del Rector en El Mercurio: Acreditación de educación superior en Chile

Uno de los impactos más negativos de décadas de desregulación en educación superior ha sido la pérdida de credibilidad en instituciones encargadas de impartirla. Los heterogéneos niveles de calidad entre ellas, el comportamiento errático de la oferta educacional y el creciente endeudamiento de los estudiantes y sus familias son costos sociales cuyas repercusiones ya están expresándose en el malestar de la ciudadanía con un impacto global difícil de vislumbrar.

El resultado para el sistema educacional terciario es la pérdida del valor del título universitario per se. Y cuando eso sucede se desprestigia el proceso que le precede, que es justamente el proceso formativo.

En Chile, una institución que no está acreditada, que le es rechazada la acreditación o que la obtiene por uno o dos años, no sólo puede continuar operando, sino que, haciendo uso de la autonomía que le confiere la ley, puede ampliar su oferta educativa, abriendo nuevos programas y sedes. Esto demuestra que la autonomía de las instituciones de educación superior y la libertad de enseñanza son principios férreamente resguardados que se valoran por encima del derecho a tener una educación de calidad y equitativa.

Se podría argumentar que el objeto de la acreditación no es regular, sino discriminar según niveles de calidad. Así, lo que aportaría la acreditación es información para que un “consumidor racional” tome decisiones, optando libremente entre un conjunto de opciones dentro de un mercado donde existe transparencia y simetría de información. No hay que indagar demasiado para percatarse de que estos supuestos son particularmente complejos de aplicar al ámbito de la educación.

Si aún así se concede que la acreditación busca discriminar, ¿qué calificativo se podría asignar a un sistema de educación superior en el cual el 90% de las universidades están acreditadas? ¿Somos todos tan excelentes? No. De las 52 universidades acreditadas en Chile, una tiene un año de acreditación y a otras seis se les ha extendido una certificación sólo por dos años, en una escala entre uno y siete años. Fue justamente una de estas universidades, con una matrícula cercana a 20 mil estudiantes, que se vio recientemente envuelta en un escándalo por incumplimiento de obligaciones con sus trabajadores mientras se hacían millonarios pagos vía arriendo de inmuebles, todo ello favorecido por la grave desregulación que caracteriza al sistema universitario chileno y por la aplicación falsa de la ley que establece que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro.

Ante este panorama, cualquier propuesta para un real “aseguramiento de la calidad” que no sea integral, drástico, contundente, resultará sólo en una suerte de política de “control de daños”. Porque eso es lo que la desregulación ha causado a la educación superior chilena, un grave daño que hoy, ante la visibilidad creciente de sus heridas, se busca revertir.

¿Cómo revertimos este daño que se arrastra por más de 30 años? Simple: regulando en primer lugar el sistema de educación superior. Es dentro de un sistema regulado de educación terciaria que un sistema de acreditación resulta verdaderamente útil. Una Acreditación 2.0 sólo cobra sentido en un contexto de Educación Superior 2.0.

El sistema educativo debiera tener una normativa clara y fiscalización de los conflictos de interés, imponiendo a todas las instituciones educativas que reciben directa o indirectamente recursos fiscales, sean públicas o privadas, el control del uso de esos recursos por parte de la Contraloría General de la República y cumplir con la Ley de Transparencia.

En lo inmediato, es posible mejorar significativamente la acreditación como la conocemos: acreditación obligatoria e integral, que no separe la evaluación institucional de la de programas; acreditación con resultados más nítidos, con una escala de acreditación más simple e informativa; acreditación pareja, que no diferencie áreas de acreditación; acreditación orientada a resultados, y no sólo a procesos, que incorpore resultados de empleabilidad, desempeño en pruebas y análisis de estándares verificables, entre otros.

Restaurar la credibilidad en las instituciones de educación superior y la fe pública requiere con urgencia una reforma mayor de todo el sistema. Sólo entonces vale la pena hablar de una Acreditación 2.0.

El Mercurio A2, 17 de junio de 2012
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