Opinión: “Educación e Impuestos: la deuda de la elite en I+D”

Roberto Meza. Periodista Radio U. de Chile. Magíster en Comunicaciones y Educación PUC-Universidad Autónoma de Barcelona.

Roberto Meza, Periodista Radio UCH.

Roberto Meza, Periodista.

Una amplia mayoría de los especialistas coincide en el hecho que el crecimiento y desarrollo de las naciones está altamente correlacionado con el estado de avance de los países en ciencia y tecnología. Las naciones más desarrolladas tienen un alto coeficiente de acumulación de conocimientos expresado en cantidad de patentes, publicaciones científicas, postgraduados y doctorados que presentan sus economías, así como del porcentaje de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), respecto del Producto Interno Bruto (PIB) que realizan empresas, universidades, Estado y organizaciones sin fines de lucro que operan en el territorio nacional.

Cerca del 50% de las diferencias que se observan en el ingreso per cápita y crecimiento del PIB de los países se explica por disparidades en la Productividad Total de los Factores (diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada de aumento de factores como tierra, trabajo, capital) por lo general, relacionadas con avances tecnológicos, por lo que, buena parte de la brecha entre países ricos y pobres se debe a su desarrollo en estas áreas, más que a diferencias en inversiones de capital. En definitiva, la ventaja del siglo XXI es el conocimiento y la innovación.

Recientemente, la División de Innovación del Ministerio de Economía, Conicyt y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dieron a conocer los resultados de la 2º Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo (I+D), 2009-2010, herramienta que reveló que Chile muestra un gasto en I+D de apenas 0,5% del PIB en 2010, es decir, un monto bruto del orden de US$ 908 millones. El promedio de las naciones de la OCDE —cuyo PIB supera con mucho al chileno— destina el 2,4% de su producto a tales efectos, mientras que Israel, Finlandia y/o Corea, oscilan entre 3,8% y 4,3%. Tal es el largo camino que nos queda por recorrer.

Pero hay más, del total de inversión en I+D en Chile en 2010, el Estado fue el principal financista con el 43,5%; las empresas gastaron el 41,3%, las universidades, 12%; las instituciones sin fines de lucro, 1,6% y los Fondos Internacionales, 1,7%. Considerando el hecho de que la productividad total de factores de los países que generan nuevas tecnologías tiene un crecimiento más rápido respecto de países pobres, un mayor riesgo inversor de empresas, Estado y universidades en este proceso, debería contribuir sustantivamente al crecimiento y mejoramiento general de las condiciones de vida de las personas.

El impulso racional de muchas elites de naciones en desarrollo es acortar caminos a través de la importación de las nuevas tecnologías. Es más fácil y están probadas. Chile lo ha estado haciendo con cierto éxito, especialmente en TIC’s. Pero, empresas y países igual deben generar capacidad humana de “absorción” de esas técnicas, lo que, a su vez, depende directamente del gasto en Investigación y Desarrollo (I+D): es evidente que la aplicación de conocimientos en áreas como la nanotecnología, neurociencia, biotecnología, genómica o nuevos materiales, requiere de profesionales con un nivel de formación que les permita acceder a las complejidades de tecnologías foráneas basadas en altos estándares de ciencias básicas.

En Chile, de acuerdo a Encuesta, sólo 18 mil personas (0,22% de la fuerza de trabajo) laboraron en estas actividades en 2010, lo que si bien es un aumento respecto de 2009, es claramente insuficiente para dar saltos más decididos en innovación. De las 18 mil personas que operan en este campo, el 52% son investigadores, de los cuales, 3.947 son doctores, 3.102, profesionales universitarios y 1.813 magister; el resto es personal de apoyo y técnico. En Israel, sólo en 2009 se graduaron como doctores en matemáticas, estadística, computación o física, 46.600 personas. Y aún si se considera que el 2011 había en la educación terciaria chilena (universidades, IP y CFT) cerca de un millón de estudiantes, las cifras son igualmente exiguas, pues corresponden apenas al 12% de la fuerza de trabajo, versus hasta el 60% de profesionales y técnicos de países desarrollados.

Si bien el Estado ha promovido en los últimos años la especialización y en la actualidad hay alrededor de 5 mil chilenos estudiando con becas, post grados en universidades extranjeras, hay quienes sostienen que la actual estructura económica y productiva del país no dará abasto para integrar a esta nueva generación profesional, debido a su insuficiente desarrollo (sólo 4.500 grandes empresas exportadoras, apuntadas a la minería, agro, pesca y forestación, con poco valor agregado; 20 mil medianas de apoyo a esas exportadoras y unas 700 mil pymes y microempresas, sin capital suficiente para efectos de innovación tecnológica).

La necesidad de extender el acceso a las ciencias básicas está profundamente vinculada al desarrollo, en la medida que quienes están más al tanto de las fronteras de aquellas, tienen más conocimientos para entrenar a los que se dedican a solucionar problemas técnicos en el sector privado. Además, los resultados de investigación en esas ciencias tampoco circulan con facilidad, razón por la que los países en desarrollo deben buscar independizarse de una subordinación exclusiva al conocimiento producido por países avanzados.

Chile está, pues, atrasado en materia de innovación, lo que se puede observar en la estructura de su gasto en I+D: en 2010 el 52,6% de los egresos ejecutados en I+D fue hacia la manufactura (con énfasis en industria y tecnología); 16,9% a actividades empresariales; 12,5% al comercio; 6,4% a intermediación financiera; 2,8% a agricultura y 2,7% al transporte. Energía, construcción, pesca y otras actividades y servicios no superan el 0,2%. En materia de objetivos socioeconómicos, en tanto, para proyectos de investigación asociados al Avance del Conocimiento, Educación y Agricultura, fue el Estado el que ejecutó la mayor cantidad de inversión, mientras las universidades aportaron a Educación, Avance del Conocimiento y Defensa.

Los resultados nos muestran a un país que concentra la I+D en la Región Metropolitana y con una orientación del gasto empresarial apuntado hacia la ingeniera y tecnología; y el del Estado, hacia las ciencias sociales. En el área de derechos solicitados y concedidos en Chile, destaca la petición de patentes de marcas. Es decir, estamos más centrados en la innovación mercantil y ciencias sociales, que en ciencias y tecnologías duras. Si bien este comportamiento sigue la conducta mostrada hace décadas por países que hoy tienen altos niveles de gasto en I+D —donde el financiamiento público fue el impulsor de la inversión en I+D— parece indispensable una discusión respecto de los destinos que se le dan hoy a los escasos recursos públicos en esta materia.

Así y todo, el desafío de fondo sigue siendo contar con una masa crítica de estudiantes y profesionales dispuestos y capaces de seguir profundizando sus conocimientos científicos y tecnológicos, tanto en Chile como el exterior, apoyados en un Estado, empresas y universidades dispuestas a arriesgar en investigación y generar más conocimiento para reducir la brecha que nos separa de naciones que, con igual población, nos llevan amplia ventaja en este recurso clave para el desarrollo. De allí, pues, la importancia de un acuerdo respecto de las reforma educacional y tributaria, por sobre otras polémicas políticas que nublan la visión de nuestras elites sobre las perspectivas de largo plazo del país.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/08/07/educacion-e-impuestos-la-deuda-de-la-elite-en-id/

 

 

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