Informe de DD.HH constata violencia “desproporcionada” del Estado en manifestaciones

Por Mariano Rivera, Radio U. de Chile, lunes 12 de noviembre 2012

Violencia-de-carabineros-contra-estudiantes-en-Chile

El Décimo Informe Anual sobre derechos humanos en Chile 2012, elaborado por la Universidad Diego Portales, entre sus principales resultados, alertó sobre el uso de “irracional y desproporcionado de la fuerza estatal” en las manifestaciones ciudadanas de los últimos años. Asimismo advirtió sobre una serie de incumplimientos del Estado de Chile respecto de los estándares mínimos de convenios internacionales suscritos voluntariamente por el país.

La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y el Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios, entregaron los resultados del informe que realiza anualmente sobre esta materia, abordando específicamente la discriminación que genera la inexistencia de políticas públicas con enfoques de DDHH, tanto en aspectos como Diversidad Sexual, Refugiados en Chile, Pueblos Originarios, Política Criminal y Medioambiente, entre otros.

Uno de los aspectos más importantes que concluyó el informe fue que “las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia”.

Sobre una eventual “naturalización” de la violencia  durante los últimos años, el editor general del Centro de DDHH, Alberto Coddou expresó que si bien, esta fenómeno “se ha visto con claridad, durante los dos últimos años de protesta social, la violencia que ejerce el Estado no tiene que ver únicamente con los daños físicos que provocan las policías”, sino que respondería a la displicencia con que, a nivel legislativo, se debaten los proyectos, sin incorporar un enfoque en materia de DDHH.

“Las leyes penales constituyen una buena manera de generar réditos políticos de manera inmediata. En la agenda legislativa uno tiene cientos de mociones parlamentarias que están archivadas, parece un contrasentido que el convenio de la OIT -que reconoce derechos de los pueblos indígenas- haya demorado 18 años en tramitarse, mientras las mociones parlamentarias que aumentan penas se demoran muy poco en convertirse en ley. El tema de no adoptar estándares de DD.HH, como no integrar estos estándares a la normativa vigente, es una cuestión claramente de voluntad política”, aseguró Coddou.

En tanto, Judith Schonsteiner directora del Centro de DDHH, trasladó su preocupación al incumplimiento de los criterios internacionales en materia medioambiental, indicando que “generalmente, los proyectos de inversión se apostan en comunas con poco poder de decisión, poca incidencia en las determinaciones económicas, por lo que el impacto y consiguiente daño a la salud, la asumen las localidades con menores ingresos”.

“La ONU establece la responsabilidad de las empresas en el respeto a los derechos humanos y eso implica revisar todas las políticas de la empresa por el impacto y los riesgos que contienen esas actividades en materia de DHH. Impacto en daños ambientales a la salud, educación y, finalmente, en temas de viviendas próximas a industrias peligrosas, donde podemos estar ante la necesidad de reasentamiento, según los estándares internacionales para disminuir y mitigar este riesgo más inmediato para las personas”, agregó la directora del Centro de DD.HH de la UDP.

En esa línea, Judith Schonsteiner explicó que este tipo de situaciones son calificadas como “discriminación estructural”, ya que se evidencia transversalmente en todas las áreas de la sociedad, pero enfocada generalmente en el mismo segmento social.

El Décimo Informe Sobre Derechos Humanos en Chile 2012, también concluyó que el Estado tiene pendientes casi todas las materias que involucran el cumplimiento y respeto de los tratados internacionales suscritos.

Así lo señaló Lidia Casas, Coordinadora del área de Género y Derechos Humanos del centro investigador, señalando que “la tendencia siempre ha evidenciado deficiencias en el cumplimiento de los convenios internacionales, sin embargo, durante los dos últimos años el actual Gobierno ha contribuido al detrimento de la aplicación de los mismos”

“Antes del término de la salida de la Presidenta Bachelet correspondía la realización de un nuevo plan de igualdades para la próxima década. Lo que este Gobierno hace es dejar sin efecto  el anterior, modificarlo sin ningún tipo de participación ciudadana y quitar algunos de los ejes centrales, entre ellos el tema de la autonomía reproductiva. La sociedad conoce la imposibilidad de discutir sobre una ley de aborto,  las dificultades que hubo con la anticoncepción de emergencia y  la píldora del día después en nuestro país y esos déficit aun se mantienen”, aclaró Casas sobre los incumplimientos en materia de autonomía reproductiva.

Los investigadores, finalmente, recomendaron integrar un enfoque de DDHH en las discusiones parlamentarias previo a la elaboración de las leyes que involucren sanciones y penalidad; pero además, en materia de recursos naturales, afirmaron que es necesario contar con un ente fiscalizador independiente al Gobierno, para evitar que los intereses políticos y oportunidades económicas influyan al momento de cumplir con las normas internacionales ratificadas por el Estado de Chile.

Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/178997/

 

COMUNICADO

Décimo Informe anual sobre derechos humanos en Chile

12 Noviembre 2012

Discriminación estructural y violencia estatal:
Problemas transversales de derechos humanos en la sociedad chilena

Santiago, 12 de noviembre de 2012. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó la décima versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, centrando la discusión en dos grandes temas transversales: la discriminación o exclusión arbitraria contra ciertos grupos vulnerables, y los criterios, límites y formas en la utilización de la fuerza estatal contra de miembros de la comunidad.

Discriminación arbitraria y estructural
El estudio contempla la discriminación arbitraria en varios capítulos (pueblos indígenas; diversidad sexual; mujeres y niñas; empresas, medio ambiente y derechos humanos; refugiados), los cuales reflejan las deudas que aún mantiene Chile con la comunidad nacional e internacional con los estándares internacionales sobre la materia. “La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile constituye un ejemplo ilustrativo del modo en que el ordenamiento jurídico se aplica con parámetros discriminatorios y del modo en que la antigua legislación resultaba insuficiente para el tratamiento de la discriminación arbitraria en Chile. La promesa de la Ley Antidiscriminación aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis para futuros informes”, afirma la publicación.

El Informe también revela el caso paradigmático de discriminación estructural en contra de mujeres y niñas. Se plantea un escaso avance en temas relacionados con la obligación del Estado de eliminar las desigualdades en la participación de las mujeres en política, incluso tras los últimos resultados electorales.

Además, el capítulo sobre pueblos indígenas dedica una sección al análisis del caso de doble discriminación en contra de una mujer indígena, Gabriela Blas, en que adquieren relevancia los estándares del Convenio 169 de la OIT.

En cuanto a los temas inéditos, se incluye una investigación sobre las condiciones de la población refugiada en Chile, como fenómeno emergente en nuestra sociedad. Otro de los capítulos novedosos desde la perspectiva de discriminaciones estructurales, lo constituye el relativo a empresas, medio ambiente y derechos humanos, que realiza un detallado estudio y análisis de la zona industrial de Quintero-Puchuncaví. Incluye por primera vez una evaluación de la responsabilidad empresarial por los derechos humanos, relacionado a empresas como Codelco, AES Gener y Puerto Ventanas.

Fuerza estatal y derechos humanos 

El segundo gran tema que cruza el Informe es la violencia estatal, reflejada en los capítulos sobre política criminal; protesta social; violencia policial; justicia militar, y, finalmente, verdad, justicia y memoria (violaciones del pasado). Este año, se dedica un capítulo especial a la violencia policial. “Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia”, se plantea.

En el capítulo sobre protesta social se analiza la tramitación del Proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter” y se cuestiona la actual regulación administrativa de la protesta, “que sirve como fundamento para que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifestantes”. Asimismo, se cuestiona la irreflexiva invocación de la polémica Ley de Seguridad Interior del Estado, “haciendo caso omiso de la responsabilidad política que involucra su ejercicio”.
El capítulo de justicia militar, en tanto, denuncia una vez más el incumplimiento por parte del Estado del fallo de la Corte IDH conocido como caso Pallamara – tras siete años de su dictación- y se centra en sus intentos de reforma según parámetros internacionales. Se recomienda trasladar esta iniciativa del Ministerio de Defensa al de Justicia. El capítulo política criminal y derechos humanos se enfoca en la crítica de una política pública penal insuficiente que “adquiere nuevos bríos a la luz de acontecimientos que han impactado en el debate público sobre la política criminal, en especial, los delitos de ‘cuello blanco’” (caso La Polar). Asimismo, “la permanente violación de derechos humanos producto de las condiciones carcelarias se erige como presupuesto fundamental de la discusión, elaboración y diseño de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”.

El Informe 2012 fue dado a conocer a la prensa por la directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner y por su editor general, el académico Alberto Coddou, en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. A las 18.30 horas de hoy se realizará el lanzamiento oficial, con la participación del decano de la Facultad de Derecho UDP, Juan Enrique Vargas; del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Gabriel Boric; del profesor de Derecho Constitucional y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Manuel Núñez, y del Premio Nacional de Periodismo 2012 y conductor de radio Cooperativa, Sergio Campos. En 2013 será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el 147º período de sesiones, que va del 7 al 22 de marzo.

Contacto:
Susana Kuncar. F: 676.2604/ Susana.kuncar@udp.cl
Paula Torrealba. F: 6762165 / paula.torrealba@udp.cl

Fuente: http://www.derechoshumanos.udp.cl/comunicado-informe-2012/

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